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Sobre una "ética para las tecnologías"

“La propiedad intelectual y la educación del siglo XXI.
Necesidad de una “ética para las Tecnologías de la Información y la Comunicación”

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han instalado en nuestra sociedad nuevos desafíos a los cuales no siempre se ha respondido de modo oportuno y provechoso. Uno de estos desafíos es cómo legal y educacionalmente nos hacemos cargo de una realidad a la cual no estábamos acostumbrados y que está inserta e influye en todos los ámbitos de la sociedad chilena, más aún si consideramos que esta realidad se expande y desarrolla a pasos agigantados.
Es sabido que la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 17.336) es una herramienta jurídica que intenta vincular y regular al autor de una obra intelectual con quien hace uso de esa obra o producto. Sin embargo, en ella no se contempla de modo específico el aspecto de las tecnologías informáticas, por ejemplo, lo referente al software. Así, la ley no permite una serie de distinciones y por lo mismo no distingue en muchos casos responsabilidades. Con el tratado de libre comercio con E.E.U.U. del 2003 estas normas deberían endurecerse y fiscalizarse de manera más drástica.
En Chile, un gran porcentaje de los usuarios de software lo ha adquirido de modo ilegal, es decir, sin pagar las licencias respectivas que involucra el uso de este producto. Los precios altos y las limitantes de su uso son una de las razones para esta práctica. Las empresas distribuidoras, a pesar de tener las herramientas legales para la fiscalización y la sanción o condena respectiva, no hacen uso de ello, pues mediante este mismo medio ilegal de consumo se expande el uso de las tecnologías que ellos desean que se instalen en nuestro país. De esta manera, la ilegalidad en el uso de software se transforma en una herramienta de expansión de sus tecnologías y en la posibilidad de que en cualquier momento hagan uso del poder legal que los ampara para fiscalizar y “pagarse” de lo que corresponda. Frente a esta realidad se plantea la situación legal en la cual se encuentra en Chile quien desea acceder a estas tecnologías y a las redes de conocimiento e información que esta realidad genera.
En este sentido es importante considerar que nuestro acceso a la llamada “sociedad de conocimiento” está mediada por el acceso y uso que tengamos de estas tecnologías. Un país que no se incorpora a esta sociedad de la tecnología no se desarrolla y deja de tener relevancia en la historia del mundo actual. Por eso el tema no incumbe sólo a los usuarios, sino también a la nación entera, en cuanto propone un plan de desarrollo y formación tecnológico.
¿Qué hacer ante esta realidad? Por un lado, podemos continuar con la práctica del uso ilegal de software, práctica que atañe incluso a los mismos establecimientos educacionales, y ser también objeto del dominio de los grandes proveedores de esta tecnología. Por otro lado, podemos buscar una formación respecto al respeto de la normativa y posibilitar nuevas opciones libres y gratuitas que nos permitan acceder a esta “sociedad del conocimiento”.
La educación chilena es un ámbito importante en la formación de las actuales y de las futuras generaciones y por tal motivo, tiene una cuota de responsabilidad en la formación respecto al uso de estos medios de información. Esta formación no sólo puede ser respecto al uso práctico de los productos informáticos, sino a cómo nos planteamos responsable y activamente ante este producto que se nos ofrece. Las políticas planteadas en este sentido no han considerado al usuario como un agente activo en el proceso de acceso al conocimiento, al contrario, se han limitado a instruir sobre el uso de los productos tecnológicos. Quizá sea el momento de plantear todo un comportamiento, “una educación ética” sobre este ámbito de la vida social que poco a poco se vuelve tan imprescindible.
Una llamada “ética para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones” consistiría, entonces, en formar a nuestros alumnos respecto al respeto legal que corresponde al uso de estos productos tecnológicos y a utilizarlos responsablemente. Además, debe incluir una formación que permita tener un pensamiento crítico respecto a respecto a las grandes empresas que intentan monopolizar este recurso tecnológico, para así actuar con libertad y decisión en esta sociedad de conocimiento. De esta manera podremos ser actores con decisión y no simplemente consumidores pasivos. No vendamos nuestra libertad para acceder a la sociedad del conocimiento. Podemos ser parte de ella de una manera libre, legal y conveniente. Si desde las grandes esferas de decisión no ha habido aún una iniciativa satisfactoria, ello no es razón para no actuar de un modo responsable y activo frente a este desafío que la tecnología nos impone.
Sandro Paredes Díaz